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| El Estado a principios del siglo XXI |
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| Al Estado también le ha llegado el siglo XXI, y no parece que el cambio de siglo le vaya a sentar muy bien. Durante el centenio recién terminado el Estado tuvo un protagonismo desmedido en la sociedad y en la economÃa, pero la tendencia se ha invertido en las últimas décadas. En los primeros dÃas de este nuevo siglo, cabe reflexionar sobre lo que fue el Estado y lo que hoy representa. | |
Si tuviéramos que enunciar los principales factores que caracterizan el mundo occidental en el que vivimos hoy en dÃa, diferenciándolo radicalmente del pasado, habrÃamos de referirnos a nociones como la velocidad (la tan comentada aceleración de la Historia), la espontaneidad incontrolable e imprevisible del devenir económico -y, aunque en menor medida, también del polÃtico-, la intensificación sin precedentes de las opciones del individuo y el asalto imparable de éste a su porción de soberanÃa, y, por todo lo anterior, el desmoronamiento y la atomización del poder en todas sus vertientes.
Por más que todos los teóricos de la izquierda tradicional y de la derecha nacionalista se angustien vislumbrando fantasmas de concentración del poder en oscuras e imponderables manos privadas secretamente decididas a destruir el bien común e imponer su egoÃsta y sutil tiranÃa, la verdad es que nunca antes de ahora habÃa estado el poder tan repartido entre millones de involuntarios y hasta inconscientes agentes del mismo, y que la interacción libre de todos ellos al perseguir cada uno sus propias metas aporta tangencialmente a las sociedades y al conjunto de la Humanidad más beneficios de los que jamás le aportó la acción organizada de los Estados.
En realidad, el verdadero objeto del miedo de todos estos detractores del curso que está tomando la Historia es otro: lo que temen, y con razón, es que desaparezca o se debilite grandemente la posibilidad de concentrar amplÃsimas cotas de poder en estructuras tangibles y polÃticamente organizadas, sobre las que ellos, los sesudos intelectuales tocados por la gracia de la ideologÃa correcta, tengan la oportunidad de ejercer su benéfica influencia (adquiriendo asà un plus de representación escasamente democrático). Temen la primacÃa del orden espontáneo que vislumbró hace décadas Hayek y que hoy empieza a hacerse visible para todos. Resulta paradójico que a quienes tanto se les ha llenado la boca con palabras como "democracia" o "soberanÃa popular" ahora les quite el sueño ese acceso directo de los individuos al poder sobre sus vidas, esa liberación de la tutela paternalista que ejercÃa sobre ellos la res publica.
Tal vez nunca creyeron en la capacidad de la persona humana para autogobernarse y ejercer directamente su porción del poder, tal vez sólo la creÃan capaz de dar su consentimiento al gobernante o bien de negárselo y sustituirle; de ratificar democráticamente los procesos residenciados en las estructuras polÃticas donde se centralizaba el poder. Tal vez, en el fondo, su elitismo intelectual les llevó a una profunda -aunque maquillada- reinvención del conocido lema de los déspotas ilustrados: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Era suficiente que el pueblo refrendara en las urnas, que ratificase a los candidatos cooptados por las élites de los partidos, que tuviera un cierto protagonismo al acudir a las manifestaciones convocadas, ante hechos especialmente graves, por las fuerzas polÃticas. Que el pueblo estuviera contento y convencido de estar participando en el proceso democrático, de ser tenido en cuenta (cada cuatro años) y del peso de su opinión de ciudadano libre en el sistema polÃtico de su paÃs. Pero a partir de ahÃ, que no metiera las narices en las cosas de los mayores: era el Estado quien debÃa ejercer, en nombre del pueblo pero a su buen -o mal- saber y entender, el poder. Se les sigue notando a muchos de esos intelectuales esa forma de pensar -que choca frontalmente con la globalización y con la mayorÃa de edad del ciudadano- por ejemplo cuando condenan la elección mayoritaria de la gente en materia de cine o televisión y acusan al Estado de no intervenir para imponer a la gente la programación y las pelÃculas de su muy particular gusto, en lugar de las que espontáneamente prefiera el pueblo.
La progresiva -y rápida- sustitución de las estructuras polÃticas propias de los diversos regÃmenes polÃticos por la acción directa de las personas no debe asustar a quienes crean sinceramente en el ser humano. Sólo desde la percepción de esa Ãntima desconfianza de los colectivistas hacia la persona se puede entender su terror a que millones de individuos, a través de sus pequeñas decisiones cotidianas, reemplacen de forma espontánea y ajena a toda coordinación premeditada las principales funciones que hasta hoy venÃan ejerciendo los centros de poder de todos los sistemas polÃticos.
Antes, el ser humano se resignaba invariablemente a dar al Estado una parte del producto de su esfuerzo, y a cambio recibÃa de aquél unos servicios y prestaciones (generalmente mediocres) sobre las que apenas tenÃa voz ni voto: el Estado sabÃa mejor que él lo que le convenÃa, y, en su inmensa vocación de "justicia social", se aprestaba a proporcionárselo. Hoy, el ser humano opta por volver la espalda al Estado siempre que puede, poner a buen recaudo su dinero (jamás habÃa habido tantos paraÃsos fiscales en el mundo ni tantas fórmulas de protección del patrimonio frente a la rapiña de las diversas Haciendas públicas) y costearse sus propios servicios escogiendo aquellos que más le satisfacen. ¿Es que se ha vuelto más egoÃsta que antes? No, porque también opta por la solidaridad directa. Salvo una minorÃa, las personas son naturalmente compasivas, no soportan el sufrimiento de sus semejantes y saben o presienten que la acción social pública es enormemente ineficaz. En todo el Occidente desarrollado estamos viviendo un auge sin precedentes de la solidaridad privada y de las organizaciones no lucrativas, cada vez más serias y profesionales, que se encargan de canalizarla. Es, por cierto, una solidaridad "sin fronteras" (para emplear el "apellido" de muchas organizaciones no gubernamentales, como Médicos sin Fronteras), es decir, los seres humanos espontáneamente canalizan su solidaridad hacia donde la creen más necesaria o justa, caiga el lugar en cuestión dentro o fuera de las lÃneas de colorines de los mapas. No es casual que esa condición, la de "sin fronteras" acompañe a la solidaridad. Es una necesidad comparable a la de abolir esas mismas fronteras en cualquier otra faceta de la actividad humana.
Antes, el Estado se preocupaba de dar a sus súbditos actuales unas pensiones de jubilación más o menos dignas, aunque no salieran las cuentas. Si para ello habÃa que endeudarse y dejar en la estacada a los pensionistas de dentro de veinte o treinta años, no importaba: los polÃticos responsables de semejante atropello ya no estarÃan en el poder, y quizá no estarÃan siquiera vivos. Ahora, la gente empieza por fin a entender el inmenso disparate del sistema de reparto y a exigir que le permitan cotizar independientemente a entidades de gestión de capital en las que pueda confiar. La gente quiere pagar cada mes una cantidad razonable para tener, cuando se jubile, el producto de la inversión correcta de esos fondos generados con su propio esfuerzo laboral. Sabe que el Estado no invierte su dinero para él sino que se lo gasta en atender -y mal- los problemas de hoy, por lo que, cuando llegue su momento, no quedará nada y tendrá que confiar en el milagro improbable de que haya entonces suficientes trabajadores en activo (y suficientemente generosos) como para destinar una parte sustancial de sus ingresos (tal vez la mitad o más) a que los ancianos no se mueran de hambre. Un triste panorama que hace ya inexcusable y urgente la abolición de los costosos y burocratizados sistemas públicos de pensiones y su sustitución por sistemas privados basados en la correcta gestión individual, para cada trabajador, de los fondos que aporte a lo largo de su vida laboral.
Antes, el Estado decidÃa la polÃtica económica, escogÃa qué importar y en qué medida, daba órdenes al banco central, imprimÃa dinero a su capricho y hasta decidÃa el precio de cientos de bienes y servicios. Hoy, la polÃtica económica no tiene demasiada importancia frente a la acción individual de millones de inversores; el comercio mundial se abre paso y va anulando las trabas que aún le quieren imponer los Estados; los bancos centrales van por libre y generalmente escuchan más a la comunidad financiera y a su propio sentido común que a las opiniones del ministro del ramo; el dinero se imprime con más rigor y además cada cual emplea en sus inversiones y transacciones la moneda que le inspira mayor confianza, lo que hará que desaparezcan casi todas y queden al final ocho o diez denominaciones sólidas; y si al Estado se le ocurre fijar polÃticamente el precio de algo, la gente se indigna y se lo impide, o, simplemente, compra o vende en otro lado (con o sin la autorización del poder).
Antes, el Estado producÃa muchos bienes, esenciales o no, y permitÃa graciablemente a parte de la gente producir otros. También le decÃa a sus súbditos qué productos podÃan comprar, y se ocupaba de impedir la entrada en el "territorio nacional" de aquellas mercancÃas que compitieran con las producidas por él o por los empresarios tolerados (generalmente amigos de los polÃticos). Ahora cada uno produce lo que quiere y lo vende a quien se lo desee comprar, sin que las dichosas lÃneas de los mapas importen demasiado. Como, además, cada vez más productos y servicios son intangibles y se pueden transmitir de ordenador a ordenador por la lÃnea telefónica, ya no hay quien pueda establecer limitaciones de ninguna clase. Y el auge de los movimientos de consumidores ha reducido la capacidad del Estado para proteger a los productores nacionales: el ciudadano consumidor es y se sabe soberano para comprar productos del otro extremo del mundo si asà lo desea, y objeta el sobreprecio artificial que le marquen por ellos. No está dispuesto a que su compra se vea condicionada por los intereses de un colectivo privilegiado de empresarios de un determinado sector, ni a permitir la competencia desleal del producto nacional frente al extranjero. Si el extranjero es mejor o más barato, lo compra y punto. En esto no hay patrias. Y esa franqueza es más justa con la economÃa del paÃs, ya que obliga a los sectores improductivos a reconvertirse en lugar de mantenerlos artificialmente mediante el expolio fiscal a la población.
Antes los empresarios, sobre todo los industriales, podÃan estar tranquilos sabiendo que, si venÃan malos tiempos, el Estado estarÃa ahà para proteger su negocio de mil formas (privilegiando su producto frente a otros, concediéndole exenciones, créditos blandos y subvenciones o incluso inyectándole directamente dinero). No podÃa permitirse que los empleados quedaran en la calle ni, peor aún, que la patria perdiera una empresa tan importante y que tan bonitamente lucÃa en los rankings oficiales de producción nacional. Hoy, el Estado cada vez se ocupa menos de rescatar a costa del contribuyente a las empresas en dificultades: las empresas asumen sus riesgos y costean privadamente sus inversiones. Si fracasan, cierran y punto, pero no siguen abiertas a costa del esfuerzo de los ciudadanos.
Antes, el ser humano daba por bueno cuanto le contaba el Estado, y además no tenÃa muchas fuentes alternativas de información. Hoy, la gente sabe que las televisiones públicas responden, incluso en las democracias más avanzadas, al interés del gobierno de turno o, en el mejor de los casos, al interés del Estado, que no tiene por qué coincidir con el de la ciudadanÃa en su conjunto ni, menos aún, con el de cada ciudadano particular. No es que el ciudadano confÃe al cien por ciento en los medios privados, ni desconoce que detrás de cada uno habrá accionistas o redactores que respondan a tendencias e intereses concretos, pero aprecia su pluralismo y su diversidad, y es capaz de formarse su propia opinión a partir de múltiples ingredientes. Además, los nuevos medios de comunicación le permiten buscar en segundos aquellos datos especÃficos a los que hace unos años habrÃa sido completamente ajeno, y su interactividad le permite participar con sus ideas y contribuir, incluso a gran escala, a la conformación de la opinión ajena, sin necesidad de ningún intermediario polÃtico. Ya no son los polÃticos quienes hacen largos discursos parlamentarios o escriben artÃculos o pronuncian conferencias para expresar el sentir de la gente sobre este o aquel tema: no hace falta porque lo dice la propia gente (millones a la vez, a velocidad de vértigo y con una efectividad muy superior). Ya no hace falta que el gobierno, a través de sus diplomáticos -esos elegantes parásitos con pajarita que tan caros nos cuestan-, diga, por ejemplo, lo que piensa el pueblo francés sobre la última andanada de bombardeos estadounidenses en algún desdichado rincón del planeta: lo dice el propio pueblo francés antes y con más fuerza que el Quai dÂ’Orsay.
Y todo el mundo, incluidos -naturalmente- los propios gobiernos, le dan más importancia a ese decir simultáneo de millones de franceses, es decir, a lo que llamamos "opinión pública" que a las tesis, ideas y discursos del gobierno francés. Esta formidable revolución tecnológica contribuye a reducir la fuerza de los gobiernos y a hacer cada dÃa más protagonista al individuo. Más de un "demócrata" convencional ha denunciado con terror o con asco esta situación y se ha preguntado si vivimos gobernados a golpe de encuesta. Sin despreciar los fallos que pueda tener este nuevo estado de cosas, es lÃcito alegrarse de que por vez primera en la Historia los gobiernos estén maniatados para hacer aquello que las encuestas desaconsejan: cuántas guerras se habrÃan evitado décadas atrás. A nuestro "demócrata" le da miedo un gobierno condicionado por las encuestas pero, ¿no es mejor un gobierno asà que un gobierno ajeno a la voluntad popular salvo en época de elecciones, que es lo que generalmente hemos tenido? Ojalá las encuestas lleguen a sustituirse por votos, es decir, por la toma de las principales decisiones polÃticas directamente por parte de los ciudadanos, de forma telemática. ImagÃnese qué maravillosa limitación del poder discrecional de los polÃticos, convertidos por fin en meros ejecutores de nuestra soberana e incuestionable voluntad, e incapacitados para imponernos la suya. Naturalmente, esa perspectiva sólo es magnÃfica y deseable si esas votaciones se limitan a aquello que es materia legÃtima de decisión colectiva y, por tanto, de votación general, es decir, si queda ajena a toda intervención del poder ("democrático" o no) en el ámbito privado de cada ser humano, entendido con la mayor amplitud posible.
Antes, el Estado procuraba mantener una religión o, cuando menos, un determinado conjunto de valores éticos y una moral especÃfica. Esto formaba parte de su control social y retroalimentaba su poder. Hoy, la gente pone a raya al Estado cada vez que mete el hocico en los asuntos religiosos, éticos o morales, que se consideran terreno exclusivo y libre de cada persona. Como mucho, el ciudadano reclama de los poderes públicos un marco legislativo neutral que dé cabida a todas las formas de pensar sin privilegiar a ninguna, y que de hecho no regule la moral de las personas. La tolerancia liberal ha sustituido el papel de censor moral del Estado. En asuntos éticos como la eutanasia, el aborto, las orientaciones sexuales, el consumo de sustancias estupefacientes, el derecho al suicidio, la pornografÃa y la prostitución, etcétera, cada uno tiene su visión particular pero el consenso apunta cada vez más a la no intervención de los poderes públicos y a la permisividad de cualquier conducta en tanto no invada el espacio de decisión de otros. No estamos viviendo tanto una sustitución masiva de valores cuanto una simultánea pluralidad de éstos y su confinamiento al ámbito personal de cada cual, basado en una regla simple pero efectiva: vale todo mientras no se perjudique -demostrablemente- a terceros.
Antes, el Estado se ocupaba de exaltar los valores y virtudes de la patria, y los tontos ciudadanos seguÃan el juego y besaban amorosamente la idealizada bandera sin darse cuenta de que el nacionalismo de Estado era un método implacable de control de la gente y alienación de las lealtades individuales discordantes. Hoy, cada vez más gente relativiza los ideales nacionalistas del Estado o, directamente, los reemplaza por un universalismo más acorde con los tiempos de la sociedad global, o incluso -paradójica pero comprensiblemente- por la legÃtima generación o recuperación de sentimientos nacionales postulantes y directamente opuestos a los del Estado oficial.
Antes, el Estado no tenÃa escrúpulos en forzar a sus súbditos a actuar como siervos, al establecer sistemas de servicio social o militar obligatorio. Hoy, los Estados que mantienen este tipo de vulneraciones flagrantes de la dignidad del ser humano se hacen acreedores del desprecio y la deslegitimación social. El ejemplo de millones de objetores de conciencia e insumisos en todo el mundo, que en muchos casos han preferido pasar por la cárcel antes que plegarse a las exigencias ilegÃtimas de un Estado arrogante y trasnochado, ha terminado por obligar a muchos paÃses a suprimir este tipo de servicios. Simplemente, el ciudadano de hoy ya no está dispuesto hacer ciegamente lo que le mande el poder, por democrático que éste sea, igual que el joven de diecisiete o dieciocho años ya no obedece irreflexivamente a sus mayores.
En definitiva, antes el Estado-papá le decÃa a sus "hijos" lo que, a su criterio, les convenÃa, y esperaba de ellos que lo aceptasen sin vacilación y hasta con agradecimiento filial. Hoy los "hijos" han superado la adolescencia y no dudan en responder a las circunspectas instancias del poder polÃtico mostrándoles con bendita irreverencia y alegre descaro el dedo corazón. Ya era hora. Ahora ya no se trata de democratizar el poder sino de transferÃrselo al ciudadano, en proporciones nunca antes soñadas. Ya no se centra el debate en cómo perfeccionar el contrato social entre gobernantes y gobernados, sino en que los segundos le arranquen a los primeros buena parte de sus funciones y les dejen con apenas cuatro o cinco tareas que, desde luego, deberán ejercer con unas exigencias de legitimidad y transparencia muy elevadas, para lo que se radicalizará la democracia. Ahora, los ciudadanos individuales ya no peleamos por cómo debe ser y comportarse el poder: peleamos por el poder, casi siempre sin ser conscientes de ello. Esto explica tal vez el peligroso hartazgo democrático, el aburrimiento ante las urnas, el desinterés de los electores y el desprestigio de los polÃticos. El individuo humano sabe o intuye que ha alcanzado la mayorÃa de edad, y ya no se interesa por exigir de sus padres ciertas prerrogativas o un trato de igual a igual: simplemente hace su vida al margen de ellos y no les reconoce ya la autoridad moral que antaño fue tan importante. Ahora, los hombres y mujeres de este cambio de siglo "pasan" del Estado y se irritan cuando éste se sale de su papel, cada vez más reducido.
Tan grande y rápida ha sido la transformación sufrida por la legitimidad social del poder, que en la actualidad ya se puede hablar del inicio -o cuando menos del indicio- de una época nueva en la organización polÃtica del mundo occidental (y en realidad, debido a la globalización, de todo el mundo): la post-democracia liberal, que está llamada a ser el segundo gran marco organizativo emergido del liberalismo.
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Article File / Ficha del Artículo
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Título:
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El Estado a principios del siglo XXI |
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Idioma:
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Spanish / Español |
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Marco LAMBERTI |
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Empresario y ensayista italiano.
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Opinion article / ArtÃculo de opinión |
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Texto clásico
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Este artículo es anterior a enero de 2006, cuando se reconstruyó el servicio actual.
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