El 18 de diciembre se presentó ante la sociedad rumana el mayor informe sobre las atrocidades cometidas por el régimen comunista rumano bajo el nombre de Informe de la Comisión Presidencial sobre el regimen comunista en Rumanía. Su presentación en el parlamento de la voz del propio presidente rumano, Traian Basescu, le otorga la legitimad y fuerza para necesarias sentar las bases del nuevo camino europeo, que en enero de 2007 emprenderá el país. Según las propias palabras del presidente “esta condena del comunismo representa la normalidad en un país democrático, significa la construcción de un futuro y de la dignidad nacional sobre un pasado limpio”. El informe de condena al comunismo recoge la idea fundamental que “un régimen que humilla a sus ciudadanos no puede durar y no merece existir” a la vez que exige a las instituciones públicas del estado que trabajen para que los ciudadanos no se sientan humillados. También se hace patente la necesidad de un cambio profundo en la propia sociedad rumana que dice el informe “tiene que dejar atrás la desconfianza y el pesimismo que caracterizan a sus ciudadanos”. A lo largo del escrito se recogen testimonios, pruebas y documentos que arrojan luz sobre las cinco décadas de comunismo, explicando sin paños calientes las prácticas criminales del totalitarismo socialista, especialmente desde que Nicolae Ceauşescu asume la Secretaría General del Partido Comunista único así como los distintos actores / verdugos que hicieron posible la existencia y la continuación del régimen: fuerzas policiales, polícia política “Securitatea”, órganos de decisión –Comité Central- y diferentes aparatos del estado comunista. A todos ellos el presidente rumano, con el informe en la mano, les expresa una condena publica a la vez que deja claro que no condena a todas las personas que se vieron obligadas a ser miembros del Partido único Comunista para poder de esta forma sobrevivir y sacar adelante a sus familias. Se trata de un gesto importante y esencial para evitar una masiva confrontación social ahora que por fin se debate en voz alta lo nefasto y criminal que fue ese regimen dictatorial. No hay que olvider un dato fundamental: la gran mayoría de los ciudadanos rumanos estaban obligados a afiliarse al partido comunista para poder encontrar un empleo que se ajustara a su perfil profesional, o cumplir los requisitos para conseguir una casa o para que sus hijos cursaran estudios superiores en las universidades del país. Con este gesto, el presidente rumano deja claro que el pais necesita tener memoria histórica para entender qué paso y para poder seguir su camino a la vez que se condena moralmente a todos los que fueron artífices y guardianes del comunismo y, por lo contrario, a los millones de rumanos afiliados al partido comunista por imposición se les otorga la calidad de víctima del comunismo.
La comisión encargada de realizar el informe cuenta con una figura de una moral intachable en el escenario político-social post-comunista, el polítólogo, antiguo disidente político anti-comunista y victima del régimen totalitario, Horia Patapievici que, tras la conclusión del informe en el Parlamento rumano, ha defendido la necesidad de aprender del pasado para poder valorar el futuro y caminar por la senda de la democracia a la vez que ha criticado duramente la falta de compostura y elegancia con la que se han comportado los parlamentarios de PRM que constantemente abucheaban y silbaban mientras el presidente rumano leía las conclusiones del informe. Pero qué se puede esperar de los representante de un partido que es un aberración ideológica, una combinación entre ideas de extrema derecha y extrema izquierda cuyo líder es Corneliu Vadim Tudor, el amigo del alma del extremista francés Jean Marie Le Pen. Desde luego que todos los democrátas no esperábamos otra reacción por parte de los que antes escribían poemas a Nicolae Ceauşescu o vivían cómodamente gracias a sus altos cargos en la cúpula comunista.
Han pasado ya diecisiete años desde la revolución-golpe de estado de diciembre del 89 y parece que las malas constumbres siguen fuertemente ancladas en las actuaciones de muchos políticos que hoy conforman la representación parlamentaria rumana. La opinión pública ha podido presenciar una vez más la falta de educación y sensibilidad de la oposición parlamentaria para con los miles de muertos y las millones de víctimas de la dictadura comunista durante el primer ejercicio oficial de la memoria histórica recogida en este informe que condena el comunismo en Rumanía. Los parlamentarios de PRM no se contentaron con boicotear ellos mismos el acto oficial sino además trajeron partidarios de todo el país y ocuparon una buena parte de los palcos en el Parlamento mientrás que otro principal líder de la Oposición, el líder del PSD –Partido Social Demócrata-, Mircea Geoană no se dignó siquiera en aparecer en la emiciclo. Después, declaró a los medios de comunicación que “abrir viejas heridas y perseguir fantasmas del pasado no es nada bueno para Rumanía”. O sea que, según él, es mejor enterrar nuestra memoria histórica porque hay que olvidar o mejor no hablar de ello. Qué más da que durante cinco décadas un grupo de personas perpetraron la aniquiliación sistemática de sectores enteros de la sociedad en nombre de la lucha de clase y la creación del hombre nuevo -presos políticos torturados y asesinados, campesinos muertos porque nada entendían de política pero se oponían a la colectivización de sus tierras, venta de rumanos de origen judío y alemán por parte del régimen comunista y torturas psicológicas junto con un sinfín de experimentos a los cuales millones de ciudadanos rumanos fueron sometidos como si de cobayas se trataran-.
Está claro que el debate de la memoria histórica puede crear fricciones en la actual sociedad rumana pero sin asumir lo que pasó y por qué pasó Rumanía no podrá sacudirse sus malas constumbres y prácticas para poder afrontar el reto de una país verdaderamente libre y democrático sentado al lado sus socios europeos. Ha llegado el momento de curar esta herida que sangró demasiado tiempo y sólo un parche desinfectante lo puede hacer. Dejemos que sea este informe el que siente las bases de nuestra memoria histórica, lo que supuso este medio siglo de sufrimiento y dolor para todo un país. Una vez que la condena moral caiga con todo su peso sobre todos aquellos que participaron y defendieron el régimen comunista y también sobre los que lo siguen haciendo hoy desde tribunas y asientos de parlamentarios o desde otros estamentos del estado, la reconcialiación nacional empezará a tomar forma. Lo que no se puede hacer es levantarla sobre polvo. Rumanía necesita conocer lo que le pasó en ese medio siglo para poder decir „basta” y tomar un rumbo que la lleve hacia la plena libertad de sus ciudadanos y una mejor calidad de vida de los mismo en un futuro muy próximo.
El no hablar durante diecisiete años y no condenar de forma pública la etapa de frío, hambre, oscuridad y humillación de toda una sociedad ha marcado una gran ruptura dentro de la misma, ruptura que no ha hecho más que alimentar la persistencia de mentalidades adscritas al modo de vida de antes, a la total desconsideración del ciudadano. Y todavía, a fecha de hoy esta falta de aprecio al ciudadano queda patente en los hospitales, en la relación entre instituciones públicas y ciudadanos, en el sistema judicial y hasta en el penitenciario. En sus conclusiones sobre el Informe de condena al comunismo, el presidente Băsescu habló de la necesidad que las distintas administraciones públicas cuenten, no sólo, con buenos profesionales, sino con personas que tengan un alto nivel de cultura y comprensión de la democracia y del respeto hacia el ciudadano.
La memoria histórica es algo esencial en las sociedades que han padecido a lo largo de su historia más reciente un regimen totalitario no sólo para la condena moral o la compensación moral o material que puedan recibir sus víctimas sino también para que las nuevas generaciones sepan y entiendan por qué régimenes como el comunismo en Rumanía representan un peligro y un cáncer para la sociedad y su desarrollo, por qué el poder no se puede concentrar en manos de una persona o de muy pocos sin el contrapeso de unas instituciones libres como la sociedad civil, la prensa libre, el sistema judicial independiente y una asamblea que represente a toda la sociedad.
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