El nuevo estatuto de autonomía acordado entre socialistas y convergentes contendrá grandes ataques contra las libertades individuales propiciados por los nacionalistas. Sin embargo no ha sido aceptada la única proposición razonable: convertir la Generalitat en la encargada de fijar y recaudar todos los impuestos en Cataluña.
El sistema fiscal español es insostenible. La mayor parte de los gastos están transferidos a las comunidades autónomas, sin embargo no ocurre lo mismo con la recaudación. Tenemos 17 autonomías que en lugar de practicar la austeridad, tratan de mover sus influencias para conseguir más dinero del gobierno central. Las pobres culpan de su retraso a una supuesta deuda histórica, que pretenden cobrar cuando la coyuntura política les favorezca. Las ricas y nacionalistas se inventan balanzas fiscales que demuestren el expolio cometido por los malvados forasteros, mientras malgastan a manos llenas el dinero en propaganda política. En función de su capacidad política y de sus contactos con el gobierno de Madrid, el dinero va a parar a una u otra región. La Hacienda Pública tiene que descentralizarse, de forma que cada comunidad tenga la capacidad y la dolorosa obligación de poner impuestos a sus ciudadanos. De esta forma los políticos, además de ponerse las medallas gastando, tendrán que asumir el coste político de subir los impuestos, o de crear otros nuevos. Se conseguiría acabar con los incentivos al gasto y al endeudamiento incontrolados que supone el actual sistema. Las empresas y los ciudadanos tendrían además la posibilidad de huir de las comunidades que mantienen los impuestos elevados y los servicios públicos desmesurados y ruinosos. La competencia supondría una mejora indudable en la gestión pública y una freno al despilfarro caciquil, cuyo mayor evidencia son las televisiones autonómicas.
El discurso sobre la solidaridad interregional es demagógico. Las mayores diferencias de renta son intrarregionales. La diferencia de rentas no se produce entre el extremeño y el catalán medio, sino entre los extremeños de diferentes clases sociales. Dentro de cada autonomía habría espacio suficiente para la “solidaridad”.
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