Ya no es secreto para nadie que Estados Unidos está padeciendo un gran retroceso en las libertades de sus ciudadanos desde que la administración Bush llegó a la Casa Blanca. Las “cruzadas” conservadoras tiene ahora por objetivo al gigante de la industria de búsquedas en Internet, Google. Los gobernantes conservadores pretenden nada más y nada menos forzar, por vía judicial, a Google a que les entregue una parte de su información confidencial en lo que se refiere a los usuarios y sus búsquedas efectuadas en Internet a través del motor de búsqueda. En lenguaje plano: revelar el comportamiento de una parte de los usuarios en la red, las búsquedas que realizan y especialmente su identidad, todo quedaría desvelado a los “cruciados new-born christians” de George W. Bush. Se trata de la controvertida ley de protección del menor, que en el 2004 había sido rechazada por motivos de inconstitucionalidad ya que su texto era tan amplio que se podía prestar a interpretaciones demasiado generales para tratar casos específicos. Pero los seguidores de Bush, nu renuniciaron a su lucha y volvieron a la carga, dirigiendo su atención hacia los motores de búsqueda como Google.

Google dispone en su confidencial gran base de datos de un cantidad sin precedente de información respecto de los hábitos de búsqueda de los usuarios de la red y por ello también ostentan una responsabilidad para defender la privacidad de los datos igual que si se tratara de una relación entre un médico y su paciente, un abogado y su cliente. Ningún político o gobierno tienen derecho a violar esa confidencialidad ya que si lo hace, se sobrepasaría esa fína línea que separa la democracia de la dictadura. Hoy en día las grandes guerras se dan en el ámbito de la información, quien tiene cierta información puede hacer mucho bien o por el contrario mucho daño. Y ésto no se puede permitir ni en el país de las libertades por excelencia, ni en otro lugar de la tierra.

Google, afortundamente, tiene la capacidad de resistir a las presiones políticas, cosa que otras empresas pequeñas del sector es posible que no lo puedan hacer y, por ello, la mejor defensa sería que toda la industria se pusiera de acuerdo en defender los principios básicos de la libertad de búsqueda en Internet de sus clientes, los usuarios de la red. Hoy los políticos exigen un listado de IPs (identidad del ordenador desde donde una persona se conecta para navegar por Internet), y mañana los propietarios de aquellas IPs verán atropellada su libertad en la red. El precedente no es algo asumible para la sociedad libre y, sobre todo, para la comunidad internáuta local e internacional. Y no hay que olvidar que, si ésta medida prospera, uno de los principios básicos del derecho cómun “inocente hasta que se demuestre lo contrario” quedaría completamente desvirtuado, vacío de contenido. La ciudadanía ha sido testigo y víctima demasiadas veces de la interpretación partidista de una ley por parte de la clase política gobernante en cada momento, y el cuento del “bien común” ya no lo cree nadie. ¿Quién tiene la legitimidad de escoger de un listado de IPs las que considere, a su juicio, dañínos? Allí está el peligro y ojalá Google pueda ganar esta batalla de la libertad de sus clientes. El debate de los derechos y libertades civiles está moviéndose a pasos gigantescos al terreno virtual, de la www. El último reducto libre que le queda al ciudadano y para el bien de todos, no se ha de perder.