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By / Por:
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Leonel FERNÁNDEZ |
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| Discurso electoral |
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| Discurso del candidato a la Presidencia de la República Dominicana, Leonel Fernández. | |
PUEBLO DOMINICANO:
En las últimas semanas, la República Dominicana ha vuelto a ser sacudida e intranquilizada por una nueva aventura de parte de funcionarios del Gobierno y sectores del Partido Revolucionario Dominicano.
En base a esa nueva aventura, se pretende imponer por la fuerza, la denominada ley de Lemas, un proyecto altamente perturbador, en virtud del cual un partido político puede llevar varios candidatos a la Presidencia de la República.
La ley de Lemas, que originalmente surgió en Uruguay, ya ni siquiera se aplica en ese país, como tampoco en Honduras, donde llegó a emplearse en dos distintos procesos electorales, y en la actualidad, algunas provincias argentinas que la han estado utilizando en elecciones para escogencia de gobernadores y congresistas locales, también están procediendo a su eliminación.
Como puede apreciarse, la ley de Lemas ha dejado de ser un modelo atractivo hasta en las pocas partes del mundo donde se ha aplicado, y más bien empieza a vérsele como un extraño y peculiar engendro de la época en que la política latinoamericana era el resultado de luchas fraccionalistas de viejos caudillos políticos, cuyo único interés consistía en la conquista del poder como botín para ellos y las claques y camarillas que les servían de sostén.
Una de las razones por las cuales la ley de Lemas ha sido eliminada del escenario político electoral, ha sido porque como consecuencia del método indirecto de selección del Presidente de la República, genera, dentro del sistema democrático, graves problemas de gobernabilidad, legitimidad y representatividad.
Con la aplicación de la ley de Lemas, no siempre resulta electo el que más votos obtiene directamente del electorado, y en ocasiones, incluso, puede resultar electo el que la mayoría de los electores prefiriese que no ganase.
Veamos, por ejemplo, el caso de las elecciones uruguayas de 1971.
En esas elecciones, el Partido Colorado presentó tres candidatos a la presidencia de la República, y el Partido Nacional, o Partido Blanco, a su vez, presentó dos.
El candidato individualmente más votado fue el del Partido Blanco, Wilson Ferreira, con el 26.4% de la votación, pero el que resultó electo fue Juan Maria Bordaberry, quien sólo obtuvo el 22.8% de los votos.
¿Cómo resultó Bordaberry electo Presidente de la República en el Uruguay, a pesar de contar con una votación inferior a la de su contrincante del Partido Blanco?
Por una sencilla razón: Porque a Bordaberry se le sumaron los votos de los otros dos candidatos de su partido, lo que indica que su elección se produjo por vía indirecta.
Un caso más reciente fue el que se produjo, también en Uruguay, en las elecciones del 1994. En esa ocasión, el Partido Colorado presentó dos candidatos, el Partido Blanco tres y el Frente Amplio uno solo.
El candidato único del Frente Amplio, Tabaré Vásquez, obtuvo más votación que los tres candidatos del Partido Blanco y que los dos del Colorado, y a pesar de eso, siendo el preferido de la población, quedó en tercer lugar.
Como pueden ustedes darse cuenta, ha sido el absurdo, la injusticia y la ilegitimidad que emanan de los resultados de un sistema electoral por votación indirecta, lo que ha determinado que aun en Uruguay, el país de origen de la Ley de Lemas, esta ya no se aplique.
Sin embargo, en la República Dominicana, algunos jefes de facciones del Partido Revolucionario Dominicano, en aras de dar riendas sueltas a sus desmedidas y desenfrenadas ambiciones de poder, intentan resucitar el absurdo y angustiar una vez más a la sociedad dominicana incorporando un ingrediente de controversia política a un ambiente ya de por sí alterado por la gravedad y profundidad de una crisis económica y social generada por la irresponsabilidad e ineptitud del propio Gobierno.
Por la irresponsabilidad e ineptitud del actual Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, la República Dominicana atraviesa por una de las crisis más aguda de su historia.
Esa crisis se caracteriza por un incremento de la tasa de cambio en más de un cien por ciento, una inflación que el año pasado terminó en un 40 por ciento y una tasa de interés superior también al 40 por ciento.
La magnitud de la crisis del país se refleja en el hecho de que la deuda publica es en la actualidad dos veces más grande que la de agosto del año 2000, ascendiendo a la suma de 8 mil 400 millones de dólares, y eso sin tomar en cuenta que durante la semana pasada el Congreso aprobó 384 millones de dólares más.
El problema de la deuda es espeluznante. En este año, el Gobierno deberá dedicar 40 de cada 100 pesos que recauda para cubrir el pago de los intereses y el capital de la deuda que tenemos, es decir, más que a cualquier otra actividad económica o social del país.
Si a los 60 pesos de cada 100 que le quedan al Gobierno después de pagar la deuda le restamos los 32 que debe utilizar en la enorme nómina pública, nos encontramos que al Gobierno sólo le quedarían 28 pesos de cada 100 que recauda.
Ahora bien, de esos 28 pesos el Gobierno debe darle recursos a los Ayuntamientos, a la UASD, a la Suprema Corte de Justicia, al Congreso Nacional, a la Junta Central Electoral, a la Organizaciones sin Fines de Lucro, a las corporaciones de acueductos; así como también para la construcción y el pago del subsidio al GLP y a la energía eléctrica.
Como ustedes ya se imaginarán, esos 28 pesos de cada 100 que le sobran al Gobierno no alcanzan para todos esos gastos, y es por eso que debemos decir que este es un Gobierno virtualmente quebrado. No obstante, a pesar de eso, el Gobierno no sólo quiere seguir empeorando la situación económica y social del país, sino también, ahora, la política.
Señoras y señores, a lo largo de todo el año recién transcurrido, las actividades económicas orientadas a la economía interna, fundamentalmente la construcción, el comercio, la agricultura y la industria, han reducido su producción en su conjunto en alrededor de un 10 por ciento y se calcula que la producción general del país descendió el año pasado en un 2 por ciento.
Durante este período de Gobierno, se han perdido más de 650 mil empleos, incrementándose la tasa de desempleo en más de un 25% en comparación con la del año 2000.
A lo largo de estos años, el segmento de la población que percibe salarios fijos ha sido afectado, mermándose significativamente su poder de compra. En la actualidad el salario mínimo legal en dólares de los dominicanos ha bajado en un 28%, en relación con el año 2000. Asimismo, los despidos masivos ocasionados por el cierre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y la reducción de personal de otras, han creado un mayor desaliento y desesperanza en la población.
La grave crisis económica se expresa en los aumentos constantes de los precios de todos los artículos de consumo masivo, a lo que se añade el cierre y desabastecimiento de las boticas populares, el incremento exorbitante de las medicinas y el abandono de los hospitales públicos, hasta el punto de que el propio Secretario de Estado de Salud amenazó con renunciar a su puesto si no le entregan las partidas presupuestarias asignadas.
El último detonante de esta locura económica han sido los irritantes aumentos de los precios de los combustibles, que colocan la gasolina en la suma sin precedentes de 81 pesos el galón y el del gasoil en la astronómica cifra de 55 pesos con 55 centavos.
En esas condiciones. ¿Quién puede vivir?
Como resultado de la devastadora crisis que ha azotado a la República Dominicana durante estos tres tenebrosos años de Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, la frustración, el desaliento y la desazón se han apoderado del alma del pueblo dominicano.
Ahora los líderes de grupos del PRD pretenden extrapolar la situación de crisis, caos, desorden y anarquía que actualmente afecta los cimientos de esa organización política, a toda la sociedad dominicana. ¡Qué barbaridad!
Un espíritu de abatimiento se esparce por todos los sectores de la vida nacional provocando incertidumbre, desconfianza e inseguridad; y en medio de esa lúgubre y pesarosa situación, actuando con profunda insensibilidad social, inocultable sentido antidemocrático y evidente falta de responsabilidad política y sentido de la historia, esos líderes de grupos del Partido Revolucionario Dominicano, intentan imponer, por medio de la fuerza y el peculado, una reforma electoral cuya verdadera intención es la de hacer abortar el venidero proceso electoral.
En las democracias modernas, la gobernabilidad se logra en base al diálogo, la concertación y la construcción de consensos, sobre la base de la pluralidad y la convivencia civilizada.
La República Dominicana debe ser uno de esos escasos lugares del planeta en los que todavía un jefe del Estado, en forma olímpica, hace tronar su voz, en franco desconocimiento de la Constitución, las leyes y la opinión pública, para decir que el Poder se tiene para usarlo.
Nosotros nos preguntamos: ¿Usarlo para qué?. ¿Usarlo para imponerle al país lo que este rechaza?.
El actual Presidente de la República y muchos de sus compañeros de ruta no entienden que el Poder no es para usarse. El poder es para servir. El poder es para ser útil al pueblo. El poder es para educar. El poder es para crear y distribuir en forma justa la riqueza nacional. El poder es para construir y elevar permanentemente los valores del espíritu.
El poder no es para avasallar. No es para perseguir al que disiente. No es para intentar imponer a tiros un presidente de la Cámara de Diputados. No es para imponer una Junta Central Electoral parcializada y complaciente. No es para denostar a la justicia. No es para irrespetar a la sociedad civil, ni tampoco censurar a periodistas y medios de comunicación.
El poder no es para a llevar la política a los cuarteles. El poder no es para usarlo en el despilfarro de los recursos del Estado en una campana continuista, ni tampoco para desconsiderar a dignidades eclesiásticas de las diferentes denominaciones religiosas.
El poder, señoras y señores, es para el bien común. El poder es para ayudar al prójimo. Es para respetar. Es para crear confianza. Es para transmitir seguridad. Es, en fin, para crear un país democrático, próspero, donde exista igualdad de oportunidades y donde reine la equidad y la justicia para todos los que vivimos en él.
El concepto de Poder que tiene el actual jefe del Estado y los líderes de grupos del PRD se pone de manifiesto en el comportamiento avasallante que exhiben al desafiar y pretender desconocer a una opinión pública que en forma unánime se ha expresado en oposición a una modificación de la ley electoral, cuando tan sólo faltan algo más de 4 meses para la celebración del torneo electoral presidencial.
Las iglesias, los partidos mayoritarios de oposición y una parte del propio Partido Revolucionario Dominicano, han expresado un rotundo rechazo a esta vulgar maniobra.
De igual manera, se han expresado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Jóvenes Empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, Finjus, los miembros más sensatos del organismo electoral y muchas entidades profesionales y del comercio.
El CONEP rechazó la propuesta tras considerar que además de ser "inconveniente e inoportuna, es inconstitucional y contradice los principios de representatividad de todo régimen democrático".
De igual forma, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios considera que la reforma a la ley electoral "constituye un atentado a la seguridad jurídica y la estabilidad de las normas necesarias para la sostenibilidad de un ambiente auspicioso al desarrollo económico".
El Movimiento Participación Ciudadana fue más lejos y en un documento público afirmó que "La ley de Lemas es una reforma impracticable a sólo 4 meses de las elecciones, que vulnera los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución, que es falso que equivalga al voto preferencial para diputados, que en vez de salvar la unidad partidaria consagra el fraccionalismo, el clientelismo y el personalismo y que es susceptible de un recurso de inconstitucionalidad".
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró inconstitucional este mamotreto y advirtió que de aprobarse el proyecto en el Congreso recurrirían junto a otras organizaciones de la sociedad civil ante la Suprema Corte de Justicia para que el máximo tribunal declare su inconstitucionalidad.
De igual forma, han considerado inconstitucional esta reforma destacados juristas, como los doctores Flavio Darío Espinal, Julio César Castaños Guzmán, Rafael Armando Vallejo Santelisses, Abel Rodríguez del Orbe, Ramón Antonio Veras, Roberto Rodríguez, Marino Vinicio Castillo, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Francisco Álvarez, Eduardo Jorge Prats y Julio Brea Franco.
Dentro de los opositores abiertos a la Ley de Lemas se encuentran también la Comisión de Seguimiento a las labores de la Junta Central Electoral creada por el DiálogoNacional y conformada por Monseñor Agripino Núñez Collado, Rafael Perelló, Celso Marranzini, Lisandro Macarulla, Marisol Vincens, José Joaquín Puello y el Reverendo Reinaldo Franco Aquino.
La gran mayoría de los hacedores de la opinión pública han manifestado su rechazo a este desvarío, entre los que se destacan los editoriales del Periódico Hoy, el Nacional, el Diario Libre y el Caribe. De igual forma, articulistas y analistas influyentes, como Juan Bolívar Díaz, Fabio R. Herrera Miniño, Pedro Gil Iturbides, Rafael Molina Morrillo, Miguel Ángel Velásquez Mainardi, José Báez Guerrero, Guillermo Piña Contreras y David Álvarez Martín.
Las Iglesias no han quedado al margen de pronunciarse respecto a este desaguisado. El Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, considera que no es prudente ni saludable para la democracia dominicana la introducción de modificaciones al sistema electoral actual.
Diferentes representantes de la Iglesia Católica han manifestado su resuelta oposición a este Proyecto de ley, entre los que se encuentran los Monseñores Mamerto Rivas y el obispo de San Juan de la Maguana José Dolores Grullón.
El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ha resumido en forma clara y concluyente el sentir de la nación al expresar que la ley de Lemas, "Es una propuesta inadmisible, que constituye una iniquidad y una falta de respeto a todo los dominicanos.".
En un momento en que el país lo que reclama es confianza y tranquilidad para organizar las próximas elecciones y darle un respiro a nuestra economía y a nuestras instituciones, el gobierno y sectores del PRD se embarcan en otro elemento de perturbación que atenta contra la institucionalidad democrática.
Señoras y Señores, lo que menos necesita nuestro país en estos momentos es que desde el Gobierno se promueva, en forma imprudente e irresponsable, una situación conflictiva que haga más crítica la ya deteriorada situación económica y social que afecta la mayoría de los dominicanos.
El Partido de la Liberación Dominicana no se opone a la Ley de Lemas por temor de que una eventual lista de candidatos del PRD le pueda ganar en las urnas, durante el venidero proceso comicial.
La actual gestión de Gobierno ha sido tan mediocre, pálida y desafortunada que ha arrastrado en su impopularidad al propio Partido Revolucionario Dominicano.
En todas las encuestas que en forma consistente se han llevado a cabo, no emerge una sola figura dentro de las filas del partido blanco que pueda competir con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana.
En cualquier escenario ninguno de los aspirantes a la nominación presidencial por el PRD llega a un 15% y todos juntos escasamente bordean el 20% de la intención de los votantes.
El Partido de la Liberación Dominicana, por el contrario, emerge como un coloso, con un 63% de intención de votos, esto es, 43 puntos porcentuales por encima de todos los candidatos juntos del Partido Revolucionario Dominicano.
Eso que acabamos de decir lo saben al igual que nosotros, la opinión pública nacional y los líderes del PRD.
La gran interrogante consiste en saber, si ni siquiera con la imposición de la Ley de Lemas puede el PRD alterar los resultados de lo que ya se perfila como una victoria electoral aplastante del Partido de la Liberación Dominicana en los próximos comicios electorales, ¿que buscan o procuran con esa intentona?.
Sólo hay una respuesta: Generar un estado de confusión nacional que produzca la alteración del venidero proceso electoral.
El Gobierno y los líderes de grupos del PRD deben comprender que no se puede jugar de manera irresponsable con la paz, la tranquilidad y el sosiego de la familia dominicana.
Hasta ahora, el Pueblo Dominicano, a pesar de las desventuras y las tribulaciones suscitadas por las actuales autoridades, ha actuado con encomiable madurez, siendo el principal centinela de la gobernabilidad que hoy predomina en el país.
El Gobierno no puede ser un promotor de conflictos. El gobierno no debe hacer las veces de agitador. El Gobierno debe ser un garante de la convivencia democrática del pueblo dominicano.
El actual gobierno de la República Dominicana y los líderes de facciones del PRD pierden su sentido de responsabilidad frente al pueblo dominicano, cuando actuando en función de sus intereses particulares, pretenden incidentar un proceso electoral que en estos momentos simboliza la única esperanza que alberga la sociedad dominicana para sobreponerse a los avatares de una crisis generada por la incapacidad de este Gobierno.
La Nación dominicana no puede sucumbir ante la ambición desmedida de un grupo gobernante que pretende perpetuarse en el poder a toda costa, pese al rechazo masivo que esta recibiendo.
La Nación no puede dejarse arrodillar frente a los intentos por descalabrar la institucionalidad democrática.
Los intentos de violentar el próximo torneo electoral, no pasarán.
El país estará a la expectativa, en vilo, esperando ver el comportamiento de los integrantes del Congreso Nacional.
En la República Dominicana prevalecerá la democracia. La voluntad del pueblo no podrá ser cercenada. Los intereses nacionales brillarán siempre por encima de los intereses espurios de grupos particulares. ¡Viva la Democracia.!¡Viva la Libertad!.
¡Viva la Justicia.!¡Viva la República Dominicana.!
Muchas gracias y buenas noches.
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Discurso electoral |
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Spanish / Español |
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Autor:
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Leonel FERNÁNDEZ |
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Presidente del Partido de la Liberación Dominicana. (Rep. Dominicana)
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Opinion article / Artículo de opinión |
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Classic text /
Texto clásico
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Este artículo es anterior a enero de 2006, cuando se reconstruyó el servicio actual.
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