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By / Por: Adrián Osvaldo RAVIER
Origen, desarrollo, default y reestructuración de la Deuda Pública Externa
La deuda pública externa ha sido, es y será por muchos años más una pesada carga para la política económica de nuestro país. La causa podemos encontrarla en que nuestros gobernantes no pudieron, no quisieron o no supieron hallar una solución de fondo para la irremediable irresponsabilidad fiscal, a veces financiada con emisión monetaria, otras con nuevos tributos y/o mayores alícuotas, otras con el ingreso que generó el proceso de privatizaciones y cuando se pudo, con mayor endeudamiento.

Origen y desarrollo En 1976 la deuda pública externa de nuestro país era de 4.000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y "Tablita" mediante, Martinez de Hoz termina su gestión en marzo de 1981, dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares. En junio de 1982, durante la Presidencia del General Bignone, Cavallo asume la Presidencia del BCRA desencadenando una hiperinflación con una enorme emisión monetaria. Como consecuencia, el BCRA asume la responsabilidad por la deuda privada ante la carencia de divisas para cumplir con las garantías de tipo de cambio que había otorgado con anterioridad. Como resultado, el gobierno del proceso entregó al gobierno de Alfonsín una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983. Alfonsín negocia la deuda en 1985 y 1987. Tras el fracaso del Plan Austral, un nuevo período hiperinflacionario, la temprana renuncia y una "década perdida" para los argentinos, asume Carlos Menem. La deuda pública total en 1989 ascendía a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3.000 millones de dólares eran deuda interna. Con Cavallo ahora como Ministro de Economía se implementan reformas. Plan de Convertibilidad, Privatizaciones y Plan Brady mediante, para el año 1999, la deuda pública externa era de 121.400 millones de dólares. En diez años se duplicó. Asume De la Rúa pero no cambia la estrategia. Recibe en diciembre de 2000 un paquete de ayuda por 40.000 millones de dólares. Luego de renunciar Machinea y López Murphy nuevamente asume Cavallo como Ministro de Economía. El planteo cambia: "el problema no es el gasto, es la competitividad", y tras varias intervenciones "keynesianas" se profundiza la crisis. A partir de allí De la Rúa comienza a "apagar incendios". Sustituye a Pedro Pou por Roque Maccarone como presidente del BCRA para apoyar a Cavallo. En junio de 2001 sustituye deuda por 29.500 millones de dólares. En Julio el Congreso aprueba la ley de "déficit cero", pero no es más que letra muerta. En Septiembre el FMI aumenta el préstamo puente (stand-by) de 14.000 a 22.000 millones de dólares. El 1 de Noviembre sustituye deuda para la mayor parte de los 132.000 millones de dólares de deuda pública. El 30 de Noviembre las ofertas para participar en la porción local de la sustitución de deuda exceden los 50.000 millones de dólares. Las tasas de interés nocturnas en pesos llegan a un promedio de 689 % debido al miedo de la devaluación. Finalmente se produce la estampida bancaria. Poco después Cavallo y De la Rúa dan un paso al costado. Nuevamente un gobierno radical no termina su mandato. Así reaparecen los problemas institucionales que caracterizaron a la vida política argentina desde 1930. Tres Presidentes provisionales (Ramon Puerta, Rodríguez Saá y Eduardo Camaño) se suceden del 20 de Diciembre al 1 de enero. Saá declara cesación de pagos el 23 de diciembre, y los aplausos inundan el Congreso. El gobierno de Néstor Kirchner y la Renegociación Néstor Kirchner asume la Presidencia de la Nación luego de que Duhalde devaluara la moneda y pesificara los depósitos. El pueblo deja en sus manos, la renegociación de la deuda y la búsqueda de una solución de fondo. Al declararse en default en diciembre de 2001, la Argentina protagonizaba la mayor cesación de pagos soberana de la historia. La visión del nuevo gobierno se cristaliza en las palabras de Néstor Kirchner: "Nos hacemos cargo como país de haber adoptado políticas ajenas para llegar a tal punto de endeudamiento. Pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que, al imponer esas políticas, contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad". Así, el acuerdo con el FMI llegó tras casi un año de arduas negociaciones. El mismo permite refinanciar vencimientos de deuda entre septiembre de 2003 y el mismo mes de 2006 por un monto total de 21.610 millones de dólares pagando intereses que ascienden a unos 2.100 millones hasta 2006 y sin recibir fondos frescos. Terminada la negociación con el FMI, el gobierno se lanza a buscar el acuerdo con los acreedores privados. El Gobierno propone la mayor quita de la historia: 75 % sobre una deuda en default de 88.000 millones de dólares. Pero no sólo esto: tampoco está dispuesto a considerar los 18.700 millones de dólares por intereses vencidos desde diciembre de 2001, cuando el país entró en cesación de pagos. Estos intereses y el capital en default suman 106.800 millones de dólares, el 57,64 % de la deuda total del sector público, que asciende a 185.300 millones de dólares. El plan supone que hasta 2013 se pagarán sólo los intereses de la deuda con los organismos financieros internacionales, en forma similar a lo acordado con el FMI hasta 2006. Pero también que la mitad de lo recaudado por las AFJP se invertirá en títulos públicos entre 2004 y 2018. De concretarse la propuesta de la Argentina, la deuda caería de 140% a 90% del PBI. Algunas consideraciones a tomar en cuenta La causa de la deuda, como se dijo al principio no es más que la irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos. Cuando no hubo endeudamiento, hubo emisión e inflación, y cuando ambas fuentes de financiamiento se encontraron agotadas, se recurrió a las privatizaciones, no como un medio de buscar políticas consistentes con la economía de mercado, sino como única salida para un estado quebrado. De esto deducimos como principal política a adoptar, alcanzar el equilibrio fiscal. Cabe también remarcar una inconsistencia en la propuesta del Presidente: En septiembre de 2003 se reunió con un grupo de empresarios en Nueva York y explicó sobre las AFJP: Estas empresas "buscaron más rentabilidad a costa de un riesgo también mayor [...] Les prestaron dinero a un 40 % anual a provincias altamente endeudadas. Fue un mal negocio. Ahora deben asumir ese riesgo." Las AFJP constituyen uno de los acreedores privados más importantes en la deuda a reestructurar. En juego está la jubilación de 9.3 millones de futuros jubilados. Las administradoras alertaron que las pérdidas de los afiliados podrían llegar al 30 % y pidieron un tratamiento similar al que recibió el FMI. Pero el estado hace oídos sordos. Si culpamos a las AFJP por haber invertido los fondos recaudados en provincias quebradas, ¿cómo puede proponerse que la mitad de los fondos que recolecten sea invertido en títulos públicos entre 2004 y 2018?. ¿Qué quedará entonces para los futuros jubilados, si seguimos otorgando el estado un papel central en esta cuestión? Esto no representa una solución de fondo. Las AFJP deben gozar de absoluta libertad para disponer de los fondos. Ya hace 150 años Juan Bautista Alberdi, quien inspiró nuestra Constitución Nacional, nos indicaba sobre el cumplimiento de nuestros compromisos internos y externos: "Será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, [...] es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre." Alberdi ya comprendía entonces que para alcanzar el desarrollo sostenido es imperioso cumplir con nuestros compromisos. Más allá de las falacias conocidas, dicho desarrollo no se alcanza jamás a través de un estado activo y proteccionista, creador de empleo, y con innumerables subsidios al sector privado. Cada vez es más claro que para alcanzar el desarrollo sostenido es imprescindible contar con inversiones de la actividad privada. Sólo así se crea empleo y riqueza. Sólo así la pobreza puede tender a desaparecer. Dichas inversiones, provienen siempre del capital. Y es importante destacar que el capital no tiene patria. Se mueve buscando siempre alta rentabilidad y bajo riego. Y como todos sabemos, este bajo riesgo guarda una relación directa con el respeto a las instituciones y el cumplimiento de los compromisos, internos y externos. Así, en la medida en que un país cumple, se minimiza el riego y es más probable que reciba capitales, reduciendo así la pobreza y el hambre. Hoy la Argentina cuenta con una deuda externa que representa un 145 % sobre el PIB. A cuestas lleva también una pésima historia crediticia: 5 defaults desde 1824. La única solución de fondo es cambiar dicha imagen. Y esta es la oportunidad. ¿Cómo se logra? Primero con un acuerdo urgente con los acreedores privados, y luego con varias reformas institucionales. Devaluación, pesificación, confiscación de depósitos y cesación de pagos son cuatro claros ejemplos de lo que un estado no debe hacer si quiere cumplir con el Estado de Derecho. Un rápido acuerdo con los acreedores privados significaría un giro de noventa grados en relación con las políticas que se han venido implementando. Esto permitirá recuperar la confianza en el país para con ello, disminuir la fuga de capitales, facilitar la reestructuración de deudas privadas, permitir el reacceso al crédito y atraer inversión extranjera directa. Y hay más motivos para reestructurar la deuda cuanto antes: 1)Evitar que aumenten las demandas en contra del gobierno argentino y se multipliquen los litigios; 2) Aprovechar el favorable contexto internacional (las tasas de interés internacionales son las menores de los últimos 40 años); 3) Tener presente la recuperación de la economía. De continuar en alza nos demandarán una menor quita. El gobierno parece no pensar lo mismo. Su argumento consiste en "hacer pagar" a los acreedores privados el daño ocasionado a la Argentina al proveernos de fondos cuando el país estaba prácticamente quebrado, buscando enormes retornos con altísimas tasas de interés. Los inversores saben que asumieron un alto riesgo. Es por ello que están dispuestos a reestructurar la deuda, pero no en los términos que sugiere el Presidente. Al respecto vale recordar casos similares: Rusia, por algo más de 30.000 millones de dólares les significó una pérdida sobre el valor presente de 45%. Ecuador, por unos 6.500 millones de dólares, les implicó una pérdida del 54%. Y más aún: el caso argentino sentará jurisprudencia para otras renegociaciones, como ser el caso de Brasil con una deuda de 300.000 millones de dólares. Es por esto que pareciera ser que los acreedores privados se resistirán a ceder y aceptar los términos de nuestro Presidente. Y la consecuencia más importante está en que si nadie cede, no habrá acuerdo. Y es importante recordar que el crecimiento y desarrollo sostenido de nuestra nación, está atado al mismo. Alguien tiene que ceder. Y los inversores no olvidarán jamás el default más importante de la historia, y la resistencia a alcanzar un acuerdo. Argentina llora la disputa.

Article File / Ficha del Artículo
 Title: /  Título: Origen, desarrollo, default y reestructuración de la Deuda Pública Externa
 Language: /  Idioma: Spanish / Español
 Author: /  Autor: Adrián Osvaldo RAVIER
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El autor es economista e Investigador Asociado a la Fundación Atlas para una Sociedad Libre (Argentina).
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Opinion article / Artículo de opinión
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 Classic text /  Texto clásico
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1720
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Este artículo es anterior a enero de 2006, cuando se reconstruyó el servicio actual.
 
      
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