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Omar Edgardo RIVERA |
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| Otra violación a la autonomÃa municipal |
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| El actual gobierno no apoya el proceso de descentralización estatal y violenta sistemáticamente la autonomÃa de los municipios del paÃs. | |
Lo hemos denunciado en múltiples ocasiones: El actual gobierno no apoya el proceso de descentralización estatal y violenta sistemáticamente la autonomÃa de los municipios del paÃs.
La intervención y posterior debilitamiento de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la negativa a cumplir con la Ley de Municipalidades en lo relacionado a transferir el 5% de los ingresos tributarios a los 298 municipios de Honduras y la lentitud con que avanza la descentralización de recursos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), son argumentos indubitables para asegurar que el actual régimen no le interesa el fortalecimiento del municipalismo hondureño.
En el orden normativo ya en el pasado se habÃa atentado en contra de los municipios al reformar la Ley de Municipalidades el 24 de agosto del año 2000, mediante Decreto Legislativo #127-2000, contentivo el mismo, de una serie de modificación al texto original de la Ley de Municipalidades que disminuyen la autonomÃa municipal de forma significativa.
Y este régimen ha continuado con esa tendencia.
Hoy lo repito: el actual gobierno viola la norma constitucional que da autonomÃa a los municipios, y cito un nuevo ejemplo de esta persistente transgresión a la disposición de la carta magna que dice que los municipios son autónomos.
Resulta que el pasado 6 de enero del 2004, el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, remitió una "circular" a distintas dependencias estatales -incluyendo a las Corporaciones Municipales- en la cual informaba "que todo documento oficial emitido por cualquier institución u organismo gubernamental que requiera de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, deberá ser enviado para dicho propósito a la SecretarÃa General de esta SecretarÃa de Estado, la cual a su vez, trasladará dicha información a la Empresa Nacional de Artes Gráficas".
"La Empresa Nacional de Artes Gráficas no realizará alguna publicación de este tipo de documentos si los mismos no son recibidos mediante el canal antes descrito" dice la comunicación ministerial que fue enviada a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional, presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, Fiscal General del Estado, presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Procurador General de la República, secretarios de Estado, presidentes, gerentes y directores de Instituciones Autónomas, y gerentes y directores de Entidades Desconcentradas y Corporaciones Municipales.
A priori, cualquiera podrÃa justificar que esta disposición tiene como objetivo centralizar la información que será hecha pública, para evitar distorsiones o contradicciones entre las versiones de distintas dependencias del gobierno central; no obstante, resulta abusivo que la SecretarÃa de Gobernación pretenda convertirse en un "colador" de lo que las instituciones independientes y autónomas en su funcionamiento quieran dar a conocer a la ciudadanÃa.
Desde mi percepción es inconcebible que los titulares del poder Judicial y Legislativo, la máxima autoridad del tribunal electoral, el alto mando del Ministerio Público, el magistrado presidente del organismo contralor de la nación, el defensor de los intereses del Estado y los alcaldes municipales tengan que canalizar por interpósita entidad oficial la publicación de la información que por decisión propia u obligación legal tengan que hacer del conocimiento general de la población.
Vaya, se entiende que quieran mantener un orden en el manejo de los avisos, dictámenes, resoluciones, decisiones y demás comunicaciones ministeriales o de entes como el SANAA, COHDEFOR, ENEE, HONDUTEL, etc., pero -para el caso que nos motiva- aspirar a ser "alambique" del proceso de difusión de acuerdos municipales e información edilicia es una clara violación a la autonomÃa local.
Hasta hace algunos dÃas, el procedimiento para hacer pública las resoluciones de una Corporación Municipal era relativamente sencillo: bastaba con presentar el texto de lo que se deseaba sea divulgado en la sección de publicaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, se recibÃa una cotización y en cheque certificado la AlcaldÃa Municipal pagaba lo demandado; en término de una semana la publicación era efectuada.
Ahora el procedimiento tiene una etapa más, y esa, es someter a la discreción de funcionarios del Ministerio de Gobernación y Justicia "todo documento oficial que requiera de publicación en el Diario Oficial La Gaceta".
Algunas preguntas surgen ante este hecho.
¿Qué pasará el dÃa que una Corporación Municipal resuelva un asunto en contra de los razonamientos o decisiones del gobierno central?; ¿facilitara su publicación la SecretarÃa de Gobernación y Justicia?; ¿pueden burócratas designados por nombramiento, limitar la libertad de expresión de funcionarios electos por la población de una localidad?; ¿acaso la autonomÃa municipal no se basa -entre otros postulados- en "la libre administración y las decisiones propias dentro de la ley"?.
Demás está esgrimir razonables contestaciones.
En fin, las lógicas respuestas a las anteriores preguntas evidencian que esta acción del doctor Hernández Alcerro es, aunque no el más fuerte, otro golpe a la ya diezmada autonomÃa municipal en Honduras.
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Article File / Ficha del Artículo
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Title: /
Título:
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Otra violación a la autonomÃa municipal |
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Language: /
Idioma:
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Spanish / Español |
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Author: /
Autor:
|
Omar Edgardo RIVERA |
Author email address:
Correo electrónico del autor:
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Author credit:
Crédito del autor:
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Autor hondureño.
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Type of text:
Tipo de texto:
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Opinion article / ArtÃculo de opinión |
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Category: /
Categoría:
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Classic text /
Texto clásico
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No. of words:
Núm. de palabras:
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797 |
Article introduced on:
Artículo introducido el:
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This archived article is older than January 2006 when the current service was rebuilt.
Este artículo es anterior a enero de 2006, cuando se reconstruyó el servicio actual.
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